El gobierno del alcalde de Sopetrán, Diego Alejandro Villa es investigado por presunto detrimento patrimonial.
Luego de una denuncia realizada por un ciudadano preocupado en la entrega y liquidación de licencias urbanísticas en Sopetrán, la Contraloría General de Antioquia, evidenció la existencia de irregularidades y daño al patrimonio en la Alcaldía de este municipio donde se encontró un presunto detrimento patrimonial por $5.163’007.120 (cinco mil ciento sesenta y tres mil millones siete mil ciento veinte pesos).
De acuerdo con el informe técnico a la denuncia interpuesta bajo radicado NO. 2022200000344 DEL 31 DE ENERO DE 2022, se realizó visita al municipio para revisar los expedientes de las licencias urbanísticas otorgadas por la Secretaría de Planeación entre los años 2020 y 2021, en los que a través de una muestra aleatoria simple se verificaron las normas urbanísticas generales como usos, aprovechamientos, densidades y alturas para el suelo urbano y rural, además de lo referente con las cesiones urbanísticas y normas para el trámite y expedición de licencias urbanísticas para urbanización, parcelación y construcción.
La revisión de dichas licencias urbanísticas se enfocó́ en tres aspectos específicos, el cumplimiento normativo en la expedición de las licencias urbanísticas, la liquidación y pago del impuesto de delineación urbana y la causación, recaudo y destino de las cesiones urbanísticas obligatorias generadas en los procesos de licenciamiento.
Analizada dicha información, surtida la evaluación y trámites correspondientes a la acción de fiscalización, se generaron 8 hallazgos con presuntas incidencias fiscales y disciplinarias.
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Se evidenció que en el momento de expedir las licencia de construcción, urbanización y parcelación se asignaron el número consecutivo de la resolución y sellos, sin verificar y exigir el pago respectivo por concepto del impuesto por parte del titular de la licencia.
No se evidenció también que a las cuentas por pagar por concepto de cesiones urbanísticas no se dio un seguimiento eficiente a los predios que deben ser entregados ni a las obras ejecutadas por los constructores por concepto de cesiones.
Además, no se liquidó correctamente el impuesto de delineación urbana, generando una diferencia entre el valor del pago realizado y el valor que se debió́ cobrar, según lo establecido en el estatuto tributario vigente para la fecha de expedición de las resoluciones, indicando una posible conducta antieconómica en la gestión fiscal, traduciéndose esto en un presunto detrimento patrimonial.
Así mismo, en las licencias urbanísticas de parcelación y urbanización una vez revisados los respectivos expedientes no se tuvo en cuenta la liquidación y cobro de la obligación “DESTINACIÓN POR UNIDAD DE VIVIENDA”, se dejó de recaudar la compensación urbanística en dinero o en mayor cantidad de obra ejecutada ocasionando un menoscabo o disminución de los recursos destinados por este concepto para la generación, construcción y mejoramiento del espacio público y de equipamiento comunitario.
Como si fuera poco, en algunas licencias de urbanismo a través de obras que beneficiaban de manera directa al proyecto desarrollado, eran presentadas como compensaciones urbanísticas y aceptadas por el municipio, sin cumplir el requisitos de ser para espacio público o equipamiento comunal.
El contralor auxiliar de auditoría delegada, Juan Carlos Zapata Pimienta aseguró que:
“Estos hechos evidenciados en Sopetrán generan una alerta para continuar evaluando en diferentes municipios del departamento el efectivo cumplimiento en el cobro de las compensaciones urbanísticas, además de continuar trabajando conjuntamente con la procuraduría y la fiscalía general de la nación para ser concluyente en la defensa integral del ciudadano y el Estado”.
