En Auditoría Especial solicitada por una Veeduría a la Contraloría General de la República al ver que la municipal y departamental archivaron la investigación, se logró determinar un posible detrimento patrimonial por $1.269 millones de pesos) en la construcción de dos CAI en Rionegro.
Escuche: CANDIDATOS NO COMUNICAN BIEN
Las contralorías territoriales se encuentran coaptadas por grupos políticos en las distintas regiones del país, de ahí, que, quienes se atreven a denunciar se sienten desfallecer ante la lentitud de las investigaciones que se presentan.
Quienes ostentan en su mayoría el cargo de Contralor se debe someter para su elección a un cabildeo ante diputados y concejales del territorio donde pretende hacerse elegir.
Esto, porque, aunque la norma exige concursos de méritos, la realidad es que tanto en Asambleas como Concejos interpretan y estructuran puntajes con el fin de facilitar la elección y posterior nombramiento del participante que demuestran todo, menos el mérito para el cargo.
Designado el nuevo contralor, la retribución comienza una vez se posesiona el “jefe de control fiscal”. La carga burocrática se empieza a realizar con los nombramientos de los cargos directivos y estratégicos, personal que coincidencialmente hacen parte de los equipos políticos de los diputados y concejales que eligieron al “contralor controlado”.
Más allá de que las contralorías sean una bolsa de empleo para políticos, también hay que examinar las injerencias al interior de las administraciones departamentales y municipales de esos mismos actores políticos que eligen al contralor.
La verdad no es un secreto, quienes vigilan el correcto manejo del erario son y siempre han sido parte de los mismo políticos que los eligió en el cargo, hecho que configura un alto conflicto de intereses que les impide cumplir de manera rigurosa con la función que exige el cargo: evitar que se roben el dinero de los ciudadanos.
Escuche: DIRECTA Y CONTUNDENTE
¿Una denuncia tiene éxito luego de conocer cómo se maneja la elección y nombramiento de los jefes del control fiscal en el país? Obvio no, no tiene éxito.
Se podría contemplar una mínima posibilidad si el auditor fuese de carrera administrativa, aunque quienes llevan mucho tiempo optan por no pisar las mangueras de los políticos que eligieron al contralor de turno.
Hoy se puede destacar algunos casos como, por ejemplo, en Rionegro en el oriente de Antioquia. La Contraloría General de la República en uso del poder preferente realizó una auditoría especial a contratos adelantados entre la Alcaldía de Rionegro y EDESO para la construcción de dos CAI en los sectores Cuatro Esquinas y San Antonio, donde se hallaron graves anomalías que podrían configurar un detrimento patrimonial de recursos públicos, además de las sanciones fiscales contra los funcionarios.
La Auditoría Especial fue solicitada por la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público al ver que la Contraloría Municipal y la Departamental habían archivado la investigación. Los hallazgos fiscales se calculan por un valor total de $1.269’441.202 (mil doscientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos dos pesos).
En enero pasado, la Contraloría Distrital de Medellín archivó la investigación del proceso de responsabilidad fiscal del contrato cuyo objeto fue la prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través de la modalidad entorno familiar del Programa “Buen Comienzo”, por más de $20.000’000.000 (veinte mil millones de pesos).
No obstante, el Contralor General de la República avocó poder preferente para asumir la investigación, declarando, además, de impacto nacional los hechos relacionados con el contrato suscrito entre el Distrito de Medellín a través de la Secretaría de Educación y la Corporación Colombia Avanza.
Con el poder de la evidencia, no hay que poner a cuidar el queso a las mismas ratas que se lo están comiendo…
Escuche: TOBÓN CON MUCHO QUE GANAR
