Los hechos están relacionados con presuntas irregularidades cometidas en la celebración de 5 contratos por $165 millones de pesos para el suministro de alimentos para capacitaciones en el municipio y la fuerza pública.
Al resolver el recurso de apelación presentado por la fiscalía general de la Nación, un juez de segunda instancia revocó la medida no privativa de la libertad al actual alcalde de Barbosa, Édgar Augusto Gallego Arias e impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, como presunto responsable de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Con la misma decisión fueron afectados la secretaria gobierno Lorena Torres Montoya y el secretario de servicios administrativos Rogelio Córdoba Hoyos.
Los hechos están relacionados con presuntas irregularidades cometidas en la celebración de 5 contratos por un valor superior a los $165 millones de pesos, para el suministro de alimentos para capacitaciones en el municipio y para la fuerza pública.
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Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los convenios se habrían firmado con Silvia Ruth Gómez García, una mujer que, al parecer, aportó $10 millones de pesos a la campaña del actual alcalde y quien estaba impedida para hacerlo.
Gallego Arias tiene otras dos investigaciones en etapa de juicio por presuntas irregularidades en la celebración de igual número de contratos, los cuales fueron suscritos en pandemia, Uno para la prestación de servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas, operativas y asistenciales para la atención de la emergencia nacional presentada por el covid-19, y, otro, para adquisición de alimentos y refrigerios para la población vulnerable y personal del equipo técnico encargado de atender la emergencia.
El último contrato también habría sido suscrito con la señora Gómez García, quien tiene medida no privativa de la libertad.
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