Un medio capitalino reencauchó la denuncia sobre los posibles pasos no muy santos que, al parecer, tuvo el exsecretario de participación ciudadana de la alcaldía distrital Juan Pablo Ramírez.
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Entre las versiones que se escucharon dentro y fuera de la Alcaldía Distrital del renunciado exalcalde Quintero fue que a todo aquel que firmaba un contrato, especialmente a proveedores alta gama, le pedían entre el 15 y 25 por ciento bajo la condición de adjudicar el contrato, pactos que regularmente los hacían por interpuestas personas con el fin de borrar la trazabilidad del delito, que, según el derecho penal, uno de los delitos que se podría tipificar es el de Concusión.
En palabras de sencillas, en Colombia, el delito de concusión se configura cuando un servidor público abusa de su cargo con el fin de exigir dinero para realizar funciones que son parte de su trabajo, además, un servidor no puede constreñir, inducir y solicitar dinero o realizar actividad indebida para sí mismo o para un tercero.
De acuerdo con el delito de concusión, previsto en el Artículo 404 de la Ley 599, las penas están tipificadas en prisión entre 96 a 180 meses, una multa de entre 66 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas entre 80 y 144 meses.
Después de los primeros cuatro meses de la nueva administración del alcalde Federico Gutiérrez, varios de sus bochincheros antecesores están untados de caca hasta la nuca.
Ahora, “Noticias Caracol” reencauchó una de las denuncias que algunos medios alternativos de Antioquia habían hecho sobre los posibles pasos no muy santos que, al parecer, tuvo el exsecretario de participación ciudadana de la alcaldía distrital Juan Pablo Ramírez.
De acuerdo con la denuncia, Ramírez, uno de los integrantes de la “comunidad anillo” de confianza del renunciado exalcalde Quintero, fue nombrado hace unos días en un cargo de la UGPP, entidad del Ministerio de Hacienda Nacional.
La llegada de Juan Pablo al Gobierno Nacional generó suspicacias puesto que en la actualidad posee en su contra varias investigaciones presuntamente por haber pedido dinero a contratistas y funcionarios cuando estuvo en la alcaldía de Medellín.