Al transitar por el puente de la Avenida Guayabal que atraviesa sobre las calles 33 y 30, en sentido norte-sur en su tercer carril, uno se choca (literalmente) con el puente de uso exclusivo de acceso a la Estación Industriales del Metroplus. Una estación totalmente sobre diseñada poco funcional, que no contempla vías de acceso y salida a los buses que cubren la ruta por la pretroncal, una estación pensada para no atender más de dos buses simultáneamente. Primero. La reparación de la Biblioteca España le costará a los medellinenses un poco más de lo que costó construirla hace un par de años. Segundo. El puente vehicular construido desde el sector de Niquitao hasta la Avenida las Palmas fue criticado duramente por la SAI por mal diseño, de hecho el puente, de un solo carril, no tiene desahogo y el trancón solo se corrió un poquito. Tercero. Y de ahí en adelante nos encontramos con una serie numérica bastante grande.
Pero los errores intencionales o no, en las construcciones no solo afectan al sector público, el caso del edificio Space, o el de Colores de Calasanía, por mencionar sólo algunos, es solo la punta del iceberg de la falta de ética de los constructores en Medellín y en todo el Valle de Aburra.
Familias de todos los estratos socioeconómicos han visto cómo en manos de los constructores sus capitales se esfuman. Algunos, como en los casos mencionados les quedará el recuerdo de un sueño que casi se cumple, otros en cambio solo vieron los suyos en el papel.
La construcción en la ciudad ha entrado en un auge supremamente alto, desplazando en gran medida a los industriales que otrora fueran generadores del Medellín actual, empresas de familias reconocidas y prestantes y otras de algunas anónimas, han visto en este negocio una forma de inversión bastante lucrativa, sin embargo la práctica de unos y otros deja mucho que desear, sobretodo en el entendido que tienen como política principal la sentencia aquella que reza que “el fin justifica los medios”.
Las denuncias de constructoras que no cumplen con lo prometido, que afectan a los vecinos como el nuevo caso denunciado, que hacen mal las cosas (por ahorrarse un peso) que hacen obras totalmente innecesarias (monumentos a la negligencia y el despilfarro), son hechas mes a mes, sin embargo las autoridades, quizá por la prestancia o la influencia política de los acusados, hacen oídos sordos, ni la defensoría, ni la procuraduría, ni ninguna “ía” cumplen su función, y la sanción económica, penal o social se “ve reflejada en la construcción de su nuevo proyecto”, cuando por la memoria de algún desprevenido se viene a la mente “ve esos no fueron los que construyeron…”, como un recuerdo más anecdótico que sancionatorio.
Y los edificios siguen erigiéndose, cada vez más altos, los capitales algunos de origen desconocido, aumentan sus valores de manera exorbitante, las calles se llenan de vehículos cuyos propietarios adquirieron apartamentos sin parqueaderos y para suplirlos las calles son oportunas. Irregularidades evidentes, solucionables, evitables están proyectado la ciudad más innovadora como una mole de cemento sin planificación y como una oportunidad única para que los constructores inescrupulosos hagan su agosto.
